Versión publicada con Garret Edwards en: ON24 y Fundación Libertad.
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| Estudiantes toman escuela para impedir el desarrollo del programa de evaluación. |
El
18 y 19 de octubre tuvo lugar la Evaluación Nacional Aprender, plan del
Ministerio de Educación de la Nación orientado a detectar el nivel educativo de
escuelas públicas y privadas del país. 1.380.000 alumnos no tuvieron clase y
debieron participar en la instancia evaluativa en forma obligatoria.
Se
trata de un cambio con respecto al Operativo Nacional de Evaluación (ONE), que
comenzó siendo anual en 1993 y se fue espaciando y postergando hasta volverse,
con el kirchnerismo, de carácter trienal. Según el Doctor en Educación Mariano
Narodowski, las pruebas ONE tenían “muchos problemas en la confección del
instrumento técnico y la elaboración de los datos” y “mostraban el desinterés
que hubo por evaluar".
El
nuevo gobierno, a través del Ministro de Educación Esteban Bullrich, parece
querer imprimirle una nueva impronta a su gestión educativa. Parte de este giro
sería el darle mayor importancia a la evaluación de los resultados de los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Pues es imposible pensar una solución sin
conocer la realidad sobre la cual hay que actuar.
Sin
embargo, aunque hay que reconocer que el común de los docentes parecen aceptar
de buen grado este tipo de mediciones, importantes actores del sistema
educativo, como gremios, universidades o ciertos grupos de estudiantes (en
algunos casos incluso tomando por la fuerza las instalaciones escolares para
impedir el desarrollo de las evaluaciones), plantearon un rechazo rotundo, e
incluso a veces una obstrucción deliberada.
Surge
entonces la pregunta: ¿Por qué hay personas que se resisten a ser evaluadas?
Parte de la respuesta deberían darla, sin dudas, los psicólogos. Debe haber una
cuestión de inseguridad sobre la competencia para el trabajo si no se acepta
que se puedan analizar los resultados. Pero también hay una respuesta política
e ideológica.
Una
cosa es no estar de acuerdo con la forma en que se evalúa desde un punto de
vista técnico, pero ello no es motivo para resistirse a ser evaluado. Siempre
habrá detractores del gobierno o gestión de turno. Si eso habilitara a obstruir
o no cooperar con las acciones gubernamentales, nunca se podría llevar a cabo
ningún plan o acción estatal.
En
el fondo, quienes usan la excusa de que la evaluación sería técnicamente
inadecuada, tienen un motivo político-ideológico. Y hay que decirlo con todas las
letras: en la Argentina se ha difundido mucho en el ámbito académico, inclusive
el pedagógico, una idea de que las instituciones son opresoras. Esto viene de
Foucault, una verdadera estrella intelectual sumamente venerada en las aulas de
nuestro país. Si las instituciones, como la policía, la Justicia o las escuelas,
son intrínsecamente opresoras, la solución pasa a ser des-institucionalizar; es
decir, quitarles fuerza o autoridad a las instituciones.
Esto
lleva a la victimización del victimario, a la ausencia de respeto por la
autoridad, a la falta de disciplina, a la reducción del nivel de exigencia y
control y al deterioro paulatino y progresivo de la eficacia de nuestras
instituciones. Lo vemos en el sistema educativo, pero también por fuera de él y
en los ámbitos más variados de nuestra sociedad. Claro que, en el medio de
esto, se cuelan muchos intereses espurios y corporativos que, en definitiva, se
resisten a perder cómodas posiciones de privilegio para las que ni siquiera parecen
estar capacitados.
La
democracia no es ausencia o deterioro de la autoridad o del orden. La
democracia implica libertad, que exige a su vez reglas claras y efectivas, así
como un ambiente de confianza y transparencia. Autoridad no es autoritarismo.
Evaluar no es violar la autonomía o la libertad. Si hay docentes o
instituciones del sistema educativo que no son capaces de transparentar lo que
hacen en su trabajo, por el motivo que sea, deberían pensar seriamente dónde
quedó su vocación, y si realmente de esa forma creen estar sirviendo a la
comunidad.
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