domingo, 25 de septiembre de 2016

Las dos visiones en pugna sobre la legítima defensa


Con motivo de los recientes e impactantes casos del “médico” y del “carnicero”, parece haberse reavivado una puja entre dos interpretaciones básicas del principio de legítima defensa o defensa propia. ¿En qué consisten y en qué se diferencian ambas posturas? ¿Cuál es la más ajustada a la ley y al Estado de Derecho?
            En el caso del “médico”, la discusión parece haberse centrado en si acaso ingresó a su casa para buscar el arma con que mató al delincuente, o si el arma estaba a su alcance y simplemente la tomó en el instante en que se sintió amenazado. Por su parte, en el caso del carnicero, el foco parece estar puesto en el hecho de que tuvo que subirse a su auto y perseguir al delincuente un buen tramo para atropellarlo, así como en la disparidad de bienes en juego (el dinero del carnicero y la vida del delincuente).
            Vemos así que las posturas que se perciben en la discusión mediática y social, que en alguna medida pueden relacionarse también con interpretaciones jurídicas, son fundamentalmente dos. No quiere decir que sean las únicas dos posturas posibles, pero sí que parecen ser las dos entre las cuales se han dividido las aguas de la discusión.


            A una podríamos denominarla “pro-delincuente”, no porque sus defensores defiendan la delincuencia sino porque tienden a llegar a conclusiones que en cierta forma benefician a aquéllos. A la otra podríamos denominarla “pro-víctima”, no porque sea la única que contemple los derechos de la víctima sino porque parece concederle más herramientas y recursos para defender sus derechos.
            La postura pro-delincuente dice que la defensa propia procede sólo cuando hay equivalencia o similitud entre valores en juego. Es decir, no puedo matar para impedir que me roben dinero. Asimismo, considera que la legítima defensa sólo es admisible en el mismo instante o en la misma escena en que se concreta el hecho puntual de la agresión. Si se quieren llevar mi auto y yo logré parapetarme en mi casa pero el delincuente no logra encenderlo, debo llamar a la policía y no salir armado a recuperar lo mío.
            La postura pro-víctima parece decir lo siguiente: Todo ser humano puede defender sus derechos echando mano a los recursos necesarios y a su alcance que estén disponibles, siempre y cuando haya podido razonablemente creer que era la única o la más pacífica forma de neutralizar la agresión o al delincuente en forma relativamente segura. Es decir, si un niño desarmado de cinco años me roba la billetera y sale corriendo, debo correrlo o pedirle a alguien que lo corra, y no dispararle a matar. Pero si quien me roba está armado y la única forma de evitar el robo de manera segura es disparándole al ladrón que huye, entonces estoy habilitado a hacerlo. Nos puede agradar o no el desenlace, pero la víctima tiene ese derecho. Claro que el daño debe tener cierta entidad o gravedad, pues no sería admisible matar por cinco pesos.
            Asimismo, la postura pro-víctima ve el robo o la agresión como un proceso, no como un instante o acto puntual. La huida, por ejemplo, sería parte del hecho. Si quien me robó el trabajo de todo un mes huye en moto y yo tengo a mi alcance un auto, puedo subirme al auto y perseguirlo, e incluso, si mi vida corre riesgo, atropellarlo y matarlo. Pues sería la única forma de evitar el robo de manera relativamente segura ante la ausencia de la autoridad policial. Esto fue lo que hizo el “carnicero” (aunque todavía no se sabe a ciencia cierta si a propósito), quien chocó con su auto la moto desde la cual aparentemente le estaban disparando y en la cual se llevaban la recaudación del negocio.
            Una cosa es aconsejar el no uso de armas o la no auto-defensa por una cuestión de evitar riesgos para la propia población inocente, y otra muy distinta tildar de “asesino” a alguien que, sometido por otro a una situación extrema, traumática y desagradable que nunca buscó, se defendió como pudo. La forma en que han sido tratados y cuestionados el “médico” y el “carnicero” por una parte de la prensa y la dirigencia argentinas parece carecer de la más elemental sensibilidad y empatía. Los pusieron en el ojo de la tormenta en vez de solidarizarse, contenerlos y apoyarlos.
            Por otro lado, la visión romántica y/o ideológica del delincuente como una víctima de la sociedad carece de todo fundamento. El ser humano es libre de decidir, incluso en la mayor adversidad, si volverse o no un asesino o un delincuente profesional. Esto queda probado por la abrumadora mayoría de personas en situación de pobreza extrema que evitan todos los días y con mucho sacrificio el mal camino, así como por el hecho de que incluso en los países más desarrollados e inclusivos hay delincuencia, pero no impunidad. A lo sumo, si se diera el caso de que realmente una persona de bien no tuviera más alternativa que delinquir (cosa que dudo porque siempre se puede pedir ayuda), seguramente esa persona no dispararía una sola bala y no amenazaría realmente la vida ajena, asumiendo los riesgos y consecuencias de su decisión si alguien igualmente se sintiera amenazado y decidiera defenderse.
            Lo que debemos preguntarnos entonces es: ¿cuál de las dos posturas es más justa y más adecuada para la realidad que vive la Argentina, y cuál se ajusta más a la letra y el espíritu de la ley?
            La postura pro delincuente dejaría presos tanto al “médico” como al “carnicero”, contradiría el sentir popular favorable a ellos, iría en contra de un instinto natural de auto-defensa que podría activarse en cualquiera de nosotros en una situación extrema (más aún cuando la agresión se da, no por primera ni por tercera vez, sino por enésima vez o sistemáticamente, como en estos casos) y trasladaría una importante porción del riesgo de delinquir del delincuente hacia su víctima (pues aumentaría el riesgo de ésta de ser penalizada, y disminuiría el del delincuente de ser atrapado o neutralizado).
            La postura pro víctima, por el contrario, y sin desconocer que los delincuentes también tienen derechos (aunque parcialmente suspendidos debido a su decisión de no cumplir con las obligaciones básicas que tienen los derechos como correlato), dejaría libres al “médico” y al “carnicero” (por lo menos según los datos de los hechos que han trascendido públicamente hasta ahora, o en el peor de los casos, como mucho, los imputaría por exceso en la legítima defensa y no por homicidio), satisfaría el sentimiento y la concepción de la justicia de la gran mayoría de la población, contemplaría el instinto de auto-defensa del ser humano en situaciones extremas y por medios razonables, y concentraría el riesgo del acto de delinquir en el delincuente.
            Ahora bien, ¿qué dice actualmente la ley argentina? El Código Penal (art. 34, inc. 6) plantea como requisito de la legítima defensa, además de la ilegitimidad de la agresión y la ausencia de provocación, la “necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla”. Habla de “necesidad”, no de “similitud” ni mucho menos de “equivalencia”. Asimismo, se refiere no sólo a “repeler” sino también a “impedir”, y si se aborta un robo durante la huida se lo impide. Por último, el artículo 285 del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984) refuerza la idea del delito como proceso, ya que al definir la flagrancia, que habilita a cualquier ciudadano a intervenir para neutralizar al delincuente, incluye el momento en que el delincuente “es perseguido por la fuerza pública, por el ofendido o el clamor público; o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito”.
            En definitiva, a nadie le gusta vivir o presenciar una tragedia, y la Argentina vive hoy en día constantemente situaciones dolorosas. Pero de nada ayudaría que, acaso paralizados mentalmente por el dolor o por dogmas ideológicos ajenos a los valores morales básicos de la convivencia humana, le agregásemos a la situación trágica de nuestro país ciertas injusticias adicionales, como serían las de encarcelar y arruinarles la vida a personas de bien, que simplemente deseaban poder llevar adelante su vida de trabajo en paz, y que, ante una situación extrema que no buscaron ni provocaron, y que tristemente se había vuelto reiterativa en sus vidas, instintiva y valientemente defendieron sus derechos y los de su familia como pudieron.

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